Cualquier jefe de Estado que se vea comprometido en un caso tan escandaloso como el que la prensa internacional ha bautizado con el nombre de los “narcosobrinos“, renuncia al cargo por lo bochornoso que es el hecho de que el presidente y la primera dama de un país tengan dos familiares vinculados al narcotráfico.
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En el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en lugar de renunciar a la primera magistratura, prefirieron decir que estaban siendo víctimas de ataques desde el imperio, lo cual es absolutamente inaceptable, aseguró la Fiscal General de la República que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente, Luisa Ortega Díaz.
Al ser increpada por la razón por la cual su despacho no había actuado en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, convictos por conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos, Ortega Díaz aseguró que no hubo inacción alguna, pues el Ministerio Público utilizó los canales regulares para obtener la información del Gobierno de Estados Unidos, pero el expediente remitido desde esa nación no llegó a sus manos a tiempo.
