Ministerio de Trabajo suspende derecho a vacaciones mientras dure estado de alarma

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Por mandato del Ministerio del Trabajo controlado por el régimen de Nicolás Maduro las vacaciones fueron suspendidas en Venezuela, mientras perdure el estado de alarma por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

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La ONG Acceso a la Justicia denunció que la Consultoría Jurídica, del mencionado ente, informó sobre dicha medida en su dictamen número 1 del 18 de septiembre de 2020.

«Se suspenden parcialmente, mientras dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio una de las facultades del patrono o patrona vinculadas a organizar y dirigir las fechas de otorgamiento de vacaciones a sus trabajadores y trabajadores, ya que no podrán otorgarse vacaciones o ser compensadas con dicho periodo», reza parte del mandato.

«Igualmente, en caso de que algunos trabajadores y trabajadores se encontraran disfrutando de sus vacaciones, para la fecha de la declaratoria de ´el estado de Alarma para atender la emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19)´, estas han quedado suspendidas, al punto de no permitir su goce y la suspensión se extienda hasta que finalice el periodo de aislamiento obligatorio. En ambos casos, se exhorta a los patronos y patronas y a los trabajadores y trabajadoras a negociar una nueva fecha para el disfrute de las vacaciones de manera efectiva», se agrega en el comunicado.

SOBRE EL ESTADO DE ALARMA
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) – controlado por el chavismo – declaró el pasado jueves 15 de octubre la constitucionalidad del decreto número 4.337, dictado por el régimen de Nicolás Maduro, mediante el cual se prorroga la declaratoria del estado de alarma en todo el territorio nacional hasta noviembre.

En la sentencia N° 0146-2020, se señala que el decreto entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme al texto fundamental.

Venezuela cumplió el martes 13 de octubre siete meses bajo el decreto de alarma, específicamente desde que se registrara el primer caso de COVID-19 en el país.