Gobierno de Maduro solicitó la extradición de Rafael Ramírez

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El funcionario chavista que encabeza el Ministerio Público (MP), Tarek William Saab, informó este jueves 18 de febrero sobre una presunta nueva trama de pago de sobornos que involucra a una empresa española llamada Ingelec, a Rafael Ramírez y su primo Diego Salazar.

Saab explicó que con base a las investigaciones, acusaron a Salazar Carreño y a José Enrique Luongo por los delitos de “corrupción pasiva simple, legitimación de capitales y asociación”. Asimismo, fue detenido Elías Daniel Salazar Bracho, acusado por los mismos delitos.

Según Saab, los tres eran parte de esta organización criminal, que se dedicaba a solicitar sobornos a empresas internacionales que, a cambio, obtenían contratos con Pdvsa, presidida en ese entonces por Ramírez.

“Estas comisiones se ocultaban en cuentas a nombre de empresas fachada que estaban registradas en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas. La mayor parte de este dinero luego fue dirigido a cuentas de la banca privada de Andorra, donde este grupo criminal manejó un cifra que oscila entre los 1.300 y los 4.200 millones de €, solamente en Andorra”, agregó.

Hay tres personas más con medida cautelar sustitutiva de libertad y otras 16 con orden de aprehensión. “Además de 11 personas con alerta roja y cinco personas que fueron detenidas en el extranjero, pero no han sido entregadas a Venezuela”, aseguró.

Se trataría de Javier Alvarado Ochoa, Nervis Villalobos, José Ramón Sánchez Rodríguez, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Leonardo Enrique Díaz Paruta.

“En el caso de Rafael Ramírez, debemos informar que se encuentra investigado en el MP en al menos 7 casos de corrupción. Ya tiene solicitud formal de extradición y alerta roja a Interpol“, sentenció.

Investigación sobre participación de la empresa

El Ministerio Público (MP) de Nicolás Maduro ha abierto una investigación sobre la presunta participación de la empresa española Ingelec en estos sobornos.

“Ingelec con sede en Sevilla, España, le concedió 2.7 millones de euros en comisiones a una estructura criminal encabezada por Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez Carreño”, detalló Saab.

Las comisiones habrían sido pagadas en el año 2009, 2010 y transferidas a cuentas en Andorra. “Eran sobornos de empresas internacionales ha cambio de obtener los contratos con PDVSA”, reiteró.