Las FAES es responsable de la mitad de los homicidios en Venezuela

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La comparación de esos números muestra que en realidad no existe una correlación entre el fallecimiento de los delincuentes y el total de bajas policiales. Es decir, que la gran mayoría de esos decesos son productos de ejecuciones extrajudiciales, agregó el experto.

El número de muertos por presunto enfrentamiento, por otro lado, casi igualaron el número total de homicidios registrados en el 2019. Datos del gobierno obtenidos extraoficialmente colocan el total de homicidios en 6,663, número que no incluye las muertes producidas en presuntos enfrentamiento con la policía.

Los expertos resaltan que en realidad la verdadera tasa de homicidios del país es la sumatoria de los dos números. Esa es la razón, por ejemplo que el Observatorio Venezolano de Violencia reporta que el 2019 dejó un total de más de 16,000 homicidios en el país petrolero.

Mayorca dijo que los números del 2020 son aún peores.

“La situación actual es mucho más grave”, dijo Mayorca al resaltar que los últimos datos apuntan a que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales superan a las provocadas por los otros factores.

Un informe publicado ésta semana por Monitor de Víctimas sustenta el escenario descrito por Mayorca, al resaltar que cuatro de cada diez víctimas de homicidios en Caracas durante el 2019 murió en manos de un agente del régimen.

Según el informe, elaborado en base a informes de prensa, Caracas registró el año pasado un total de 898 asesinatos, de los cuales 340 fueron atribuidos a cuerpos de seguridad del régimen, lo que representa un 38% del total.

Según los expertos, buena parte de las ejecuciones extrajudiciales están siendo cometidas por efectivos de las FAES, organización que ya ha sido acusada por organismos que velan por los derechos humanos como una organización que ha conformado equivalentes venezolanos de escuadrones de la muerte.

La organización estuvo al frente de una operación de exterminio en el 2018, cuando agentes fuertemente armados llegaron a un edificio céntrico de Caracas y comenzaron a buscar piso por piso los hombres que iban a matar.

La policía reportó en ese entonces que nueve delincuentes habían sido abatidos en la Torre Viasa en un enfrentamiento, pero múltiples testimonios recogidos en la calle apuntan a que los hombres fueron primero capturados sin resistencia, luego llevados hasta uno de los pisos del edificio, y quienes no tenían dinero para conseguir una absolución, fueron ejecutados a sangre fría.

“Ahí mataron gente inocente, porque allí no había nadie que fuese mala conducta. Eran solo trabajadores”, dijo una mujer embarazada que fue golpeada por los policías durante la masacre de noviembre del 2018.

Los expertos señalan que las FAES han estado ejecutando operaciones como esas desde hace ya bastante tiempo.

“Desde que Nicolás Maduro se encuentra en el poder se ha profundizado la política de las ejecuciones extrajudiciales a través de distintos organismos de seguridad”, dijo el abogado Luis Izquiel, quien también sigue de cerca la situación delictiva en Venezuela.

La tendencia comenzó a cobrar forma en el 2015 cuando Maduro lanzó la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) para combatir la delincuencia, que rápidamente se convirtió en el envío de bandas de la muerte a barrios de escasos recursos.

En la OLP participaban comisiones mixtas de la policía de investigaciones, la dirección de inteligencia militar, agentes de la Guardia Nacional y policías locales.

“Entraban en los barrios en operativos para buscar a un número de presuntos delincuentes y siempre terminaban esas personas muriendo en presuntos enfrentamientos con los agentes”, dijo Izquiel.

“Esos operativos luego fueron sustituidos por Maduro en el 2017 con la creación de las FAES, y es allí que ese nuevo organismo comienza a registrar el mayor número de denuncia por violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones extrajudiciales”, agregó.

La tendencia obviamente es preocupante porque se traduce en penas de muertes aplicadas sin juicios ni derecho a la defensa de personas que podrían estar siendo solicitadas solo por robo o simplemente por haber tenido en el pasado algún prontuario criminal, en un país donde la pena máxima son 30 años de cárcel.

Pero es además preocupante ante el hecho que muchas veces los muertos no eran realmente buscados porque eran delincuentes, sino porque se habían mostrado públicamente en desacuerdo con el régimen de Maduro.

“Algunos de los ejecutados han sido manifestantes que han sido visto protestando contra el régimen y luego fueron visitados en sus casas por las FAES”, dijo Izquiel. “Lo grave acá no es solo que se está ejecutando delincuentes, en violación al derecho a la vida, sino que también se están ejecutando disidentes”.